ATENCIÓN RODADERO, ¿BAÑOS PÚBLICOS O PRIVADOS? MALOS MANEJOS EN EL ESPACIO PUBLICO Y RECURSOS DEL ESTADO.

El día 3 y 8 de Enero del presente año, fue presentado ante la Procuraduría Regional del Magdalena y Contraloría Distrital de Santa Marta, denuncia presentada por el señor Aurelio Rosales Duran, quien ejerce funciones como presidente de la Junta de Acción Comunal de el Rodadero y Red de Veeduría Ciudadana. Hechos que ponen en riesgo los recursos del estado y espacios públicos ante abusos en ejercicios de funciones públicas con fines políticos.

La solicitud en derecho de petición invoca una acción de control preventivo sobre procesos o convenios contraídos entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Fundación Promotora de Desarrollo Integral del Rodadero Pro-Rodadero para que se determine presuntos hechos de agiotaje por abusos y suplantación de funciones públicas no otorgadas dentro del orden administrativo legal al señor Ivan Calderon Quintero quien representa en calidad de Gerente y Representante Legal de Pro-Rodadero y que en aceptación del señor Alcalde Distrital de Santa Marta Rafael Alejandro Martinez actúa en nombre y representación de la administración distrital sin que exista acto administrativo que le de facultad para esto, lo que representa una conducta en violación a las normas y principios administrativos y en especial de las transparencias en manejo de patrimonios productivos tales como son los baños, lockers y espacios públicos en áreas de la playa y en el perímetro urbano del Rodadero, lo que podría determinar una intromisión a la función pública en aprovechamiento al interés político del alcalde de Santa Marta.

La Fundación Pro-Rodadero fue constituida el 21 de Octubre del año 2016 como persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro en beneficio común e interés general y en la que formen parte todos los sectores sociales y económicos.

 

 

La entrega de bienes no reportados para control fiscal

Dentro de las irregularidades presentadas por el denunciante Aurelio Rosales Duran se encuentran que el 15 de febrero del año 2017 la empresa Drummond hace entrega de dos baterías de baños y dos garitas para la vigilancia de playa en servicios de salvamento, acto en el que el señor alcalde de Santa Marta declara recibir a satisfacción e inmediatamente hace entrega de estos bienes a Pro-Rodadero para su manejo sin existir convenio o contrato para ese momento y el cual fuese firmado meses después entre los suscritos quedando en el limbo la explotación económica de recursos del estado. Adicionalmente a este hecho se le suma que La Contralora Distrital  dejó claramente establecido que no fue reportado a hacienda lo pertinente a la incorporación de los bienes entregados al distrito por parte de la compañía Drummond en cumplimiento a una sanción establecida en compensación a daños causados en lo ambiental.

 

Poder de funciones con fines políticos y desconocimiento de la Junta de Acción Comunal

También evidenció por parte del gerente de Pro-Rodadero Ivan Calderón Quintero un extraño poder de funciones ya que no solo disponía de los baños sino de toda el área del Rodadero, poder derivado y que en razón a diferentes actos públicos y diferentes medios el alcalde de Santa Marta declaraba que su política pública orientada al turismo se desarrollaba a través de unas operadoras turísticas entre estas la que representa el señor Ivan Calderón Quintero Pro-Rodadero, quien entra a desconocer los procesos de democracia representativa en las organizaciones comunales y la existencia de la estructura de un cuerpo colegiado Junta Administradora Local.

Una de las evidencias de usurpación de funciones con fines políticos fueron los hechos presentados en plena temporada de semana santa en el mes de abril del año 2018 que fue cerrar la playa del Rodadero con más de 300 metros de vayas publicitarias de la empresa cervecera “AGUILA” por lo que La Junta de Acción Comunal procedió ante la policía para tal hecho obteniendo como respuesta que deben seguir los lineamientos y directrices del alcalde brindando apoyo logístico para el cerramiento bajo las órdenes del señor Ivan Calderón “Pro-Rodadero” muy a pesar de que no existía ningún acto administrativo que le revistiera de competencia alguna diferente a la decisión política del alcalde de tener un agente particular para determinar en su interés político sin el lleno de los requisitos de ley y el pago de los impuestos correspondientes.

¿Vallas de seguridad o convenio publicitario? El Informador de Santa Marta/ 9 de abril de 2017

 

¿Derechos de privacidad?

Otra de las irregularidades encontradas y denunciada, es de comentarios y presuntos actos de corrupción como señalamientos de solicitud de dinero a prestadores de servicios que se mueven en la mal llamada informalidad, de presión a manera de extorsión o en constreñimiento a otros como los carperos, de que se vendía derecho de privacidad en algunas playas a los edificios “Recaudo de recursos en el ejercicio de funciones públicas nunca reguladas de la Promotora Pro-Rodadero”.

 

 

Despido como medida de represaria

La Promotora Pro-Rodadero ha venido ejerciendo su objeto social sin el debido control fiscal ante Hacienda y sus estados financieros han reflejando un déficit superior a los cien millones de pesos, que para en su momento la Junta Directiva expreso su preocupación convocando a una reunión en la que se realizara un nuevo presupuesto para su viabilidad y la terminación del contrato del gerente operativo, algo que fue circunstancial ya que el Gerente de Pro-Rodadero contrató a una nueva persona debido a que el anterior Gerente Operativo no avalaba los estados financieros ni presupuestales al Representante Ivan Calderón, lo que implica su desvinculación como una medida de represalia, expresada en la correspondiente denuncia.

 

Solo el Gerente en ejercicio de funciones…

Otra de las incidencias presentadas en la denuncia se da en razón al mal manejo que se estaba dando a la Fundación Pro-Rodadero y teniendo en cuenta que se estaba venciendo el término del periodo de la Junta Directiva, la Junta de Acción Comunal convoca a reunión mediante firmas de la mayoría de asociados de la fundación Pro-Rodadero para el día 18 de Agosto del 2018, cuya reunión fue saboteada por el señor Ivan Calderón Quintero con la finalidad de dejar en el limbo a la fundación Pro-Rodadero por no tener asociados y solo queda en ejercicio de funciones quien hace de Gerente debido a que estatutariamente así lo demanda.

 

Sujeto a control fiscal

Las evidencias encontradas anteriormente llevan a la Red de Veeduría a hacer petición formal a INDETURS y a la Fundación Pro-Rodadero por el uso y abuso en beneficio particular o político por parte del gerente de Pro-Rodadero o del alcalde en donde se reportaban hechos de abusos, malos manejos en violación a la ley en cuanto a rendición de cuentas y manejos contables en donde se disponían de recursos sin el aval de la asamblea para su aprobación en los presupuestos de ingresos y egresos, que se estaba recaudando dinero por concepto de uso exclusivo de áreas de la playa otorgado a algunas edificaciones, que se exigía dinero a trabajadores del sector, que el señor Ivan Calderón Quintero disponía de un sueldo mensual de diez millones de pesos teniendo en cuenta el déficit de la Fundación Pro-Rodadero lo que hacía inviable su continuidad. A lo que INDETURS responde desconociendo alguna relación que lo obliguen con la fundación Pro-Rodadero y el señor Ivan Calderón Quintero gerente de Pro-Rodadero responde que la información es “pública” y debe solicitarse ante la entidad respectiva a sabiendas que la Contraloría certificó que no  tiene conocimiento del comodato entre la Alcaldía y la Promotora Pro-Rodadero en donde deja claro que el manejo de los baños debe ser sujeto de control fiscal.

 

Participación política con recursos del estado

En cuanto al abuso y suplantación de funciones administrativas en la gestión pública existen una serie de hechos que por estrategia de medios lo convierten en noticias con el fin único de vender una imagen positiva de un alcalde escondiendo así algo de fondo como lo es la participación política con recursos del estado provenientes de la explotación económica de un bien de uso público sin que estos sean sujetos de control fiscal como lo son los baños en áreas de la playa.

Aquí algunos enlaces de Hoy Diario del Magdalena:

Alcaldía y Pro-Rodadero van por un turismo de calidad.

“Ivan Calderon fue quien me agredió, yo solo me defendí”

Artículo en respuesta a la siguiente noticia por El INFORMADOR

Gerente de Pro-Rodadero denuncia a un abogado por presunta agresión.

Como en el caso de algunas publicaciones falsas como la siguiente en la que deja ver como si la reunión la hubiera organizado la promotora Pro-Rodadero y se hubiera dado capacitación cuando fue una reunión de instrucción convocada por la oficina de desarrollo conjuntamente con una de las asociaciones de vivienda turística a la cual acompañó y respaldo la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

Capacitan a 60 operadores informales de El Rodadero en servicio al turista.

O en otros casos como el de asegurar que se estaba dando carnet a trabajadores en la informalidad cuando eso no es cierto.

Pro-Rodadero y Policía de Turismo socializan decretos a comerciantes informales carnetizados.

 

De lo anterior se desprende y concluye que en abuso a la función pública tanto el alcalde como el gerente de la promotora “Pro-Rodadero” y otros han pasado la raya de lo permitido en lo penal debido a que mediante maniobras engañosas se mantienen bienes del estado y utilidad pública siendo explotado económicamente por un particular sin que esté siendo sujeto de control fiscal y para colmo se está en abuso y presunta suplantación de funciones públicas con fines politiqueros mientras las verdaderas razones y obligaciones de quien debe responder por los lugares destinados al turismo como son las playas se encuentran sin salvavidas y centro de atención médica que atiendan en caso de un percance o emergencia lo que se les coloca frente a posibles delitos de abuso de autoridad, peculado, prevaricato, entre otros, siendo esto lo que motiva el presente documento esperando que de encontrase y probarse las irregularidades señaladas se aplique sanción ejemplar  a los responsables de tales hechos.

La anterior denuncia está soportada por toda la documentación  y pruebas presentadas ante las entidades mencionadas en el primer párrafo.